L.N.P. v. Argentina

A 15-year-old girl, P, was allegedly sexually assaulted by three men. She immediately reported the attack to the police, but was kept waiting for hours at the police station and a medical center before being performed anal and vaginal palpations which caused her intense pain and despite complaining the sole anal nature of the attack. A social worker was sent to interview P's neighbors and relatives about her sexual history and morals during the investigation, leasing aside the three accused. The three accused were acquitted following a trial solely in Spanish despite the first language of P and several of the witnesses was Qom, and in which great reliance was placed on P's sexual history by the prosecution and the judge. P was not notified of her rights to participate in the trial nor of the outcome of the trial and she only became aware of the acquittal after two years and was unable to appeal. The Human Rights Committee found violations of Articles 2(3), 3, 7, 14(1), 17, 24, 26 of the Convention. The Committee found that the police, medical examiner and the court did not provide appropriate protections to P's age, discriminated against her in the emphasis that was placed on her sexual history, and denied her right of access to the courts when she was not informed of her legal rights. It also found that the events at the police station and the medical examination constituted inhumane or degrading treatment, and that the investigation had arbitrarily interfered with P's private life. The Committee called on the State to guarantee access for victims, including victims of sexual assault, to the courts in conditions of equality in the future. However the operative gender stereotypes, including that as a young women from a marginalized ethnic minority group, she was sexually promiscuous, which contributed towards the acquittal of the accused of the rape were unnamed, leaving the role of the stereotypes in discriminating against similar victims and their rights unaddressed.

Una niña de 15 años, P, presuntamente fue agredida sexualmente por tres hombres. Ella informó de inmediato del ataque a la policía, pero se mantuvo esperando durante horas en la estación de policía y en un centro médico antes de que se realizaran las palpaciones anales y vaginales, lo que le causó un dolor intenso, además ella especificó la naturaleza anal única del ataque. Se envió a una trabajadora social para entrevistar a los vecinos y familiares de P sobre su historial sexual y su moral durante la investigación, dejando a un lado a los tres acusados. Los tres acusados fueron absueltos después de un juicio únicamente en español a pesar del primer idioma de P y varios de los testigos era Qom, y en los que la fiscalía y el juez depositaron una gran confianza en la historia sexual de P. P no fue notificada de sus derechos a participar en el juicio ni del resultado del juicio y solo se enteró de la absolución después de dos años, cuando ya era muy tarde para apelar. El Comité de Derechos Humanos encontró violaciones de los artículos 2 (3), 3, 7, 14 (1), 17, 24, 26 de la Convención. El Comité determinó que la policía, el médico forense, y el tribunal no proporcionaron las protecciones adecuadas a la edad de P, la discriminaron por el énfasis que le pusieron en su historial sexual y negaron su derecho de acceso a los tribunales cuando no se le informó de sus derechos legales. También encontró que los eventos en la estación de policía y el examen médico constituían un trato inhumano y degradante, y que la investigación había interferido arbitrariamente en la vida privada de P. El Comité pidió al Estado que garantice el acceso de las víctimas, incluidas las víctimas de agresión sexual, a los tribunales en condiciones de igualdad en el futuro. Sin embargo, los estereotipos operativos de género, incluyendo que como mujeres jóvenes de un grupo minoritario étnico marginado, la tacharon como sexualmente promiscua, lo que contribuyó a la absolución de las acusadas de la violación no fue identificado, dejando el papel de los estereotipos en la discriminación contra víctimas similares y sus derechos no defendidos.